El cuadrante nefasto
Nadie puede regatearle al Gobierno, so pena de caer en la mezquindad extrema, el impulso de un paquete legal a favor de la transparencia y la prevención de la corrupción. El problema está en que todo ese esfuerzo no ha tenido como contrapartida la toma de decisiones valientes para frenar a los corruptos, a quienes no hay que buscar con la lámpara de Diógenes, pues están ahí a la luz del sol.
Me parecen interesantes las rondas de opinión que ejecutan los prestigiosos abogados Tony Delgado y Mariano Germán y el disciplinado profesional de la comunicación y del derecho, Namphi Rodríguez.
A través de ellos el público ha podido enterarse de todo el andamiaje legal anticorrupción impulsado por Fernández desde 2005, en la continuidad del discurso del mandatario en su reciente encuentro con directores de medios en Palacio.
Disiento, sin embargo –y ahí su incursión mediática me parece poco feliz- de sus alusiones a la supuesta existencia de fantasmas políticos detrás de las denuncias de corrupción presentadas en programas de investigación periodística.
Vamos a tomar el toro por los cuernos. Los núcleos de las denuncias de corrupción en la administración pública han sido Alicia Ortega y Nuria Piera. Las ondas de sus revelaciones se han esparcido por todos los medios y las esquirlas de las escandalosas informaciones han caído en todas partes, hasta en los pies del propio Gobierno.
Militancia política no tienen estas muchachas. Vocación por dejarse narigonear y aceptar información procesada por determinados intereses, tampoco.
Ellas han construido una plataforma de credibilidad basada, precisamente, en la información confirmada, en el soporte documental. En ese contexto, pierden calificaciones las críticas elaboradas por Germán y Rodríguez respecto al periodismo veraz. Su referencia es, pues, una alusión a Ortega y a Piera.
Delgado es más moderado cuando reconoce el papel de la prensa como guardián de la sociedad y contrapeso de los poderes fácticos, y es preciso al afirmar que, a partir de las denuncias de los medios, se debe poner en movimiento la acción investigadora del Ministerio Público sin ruido ni deslices circenses.
El pecado de los tres es atribuir a razones políticas los reportajes contra la corrupción. La pasividad de la oposición es ostensible frente a este tema. Cuando lo toca es de refilón, suele irse por la tangente y caer en la vaguedad.
Tenemos una oposición irreflexiva, que no tiene tiempo para analizar informaciones, cruzar datos y elaborar discursos consistentes.
Es más, la oposición ha sido benigna frente a la corruptela que se produce en esferas públicas. Y tiene que serlo. Pienso que el sistema político dominicano –dominado por dos partidos y medio- es dueño de una complicidad consuetudinaria frente al asalto al erario. Se tapan unos con otros.
En resumidas cuentas, pierde tiempo el Gobierno tratando de resarcir su imagen atribuyendo a un interés político las evidencias de corrupción presentadas. Gana poco al solicitar vocerías de personalidades prestigiosas para convencer al país de que en la administración actual no hay corrupción.
Y pierde la oportunidad de enviar una señal contundente a la sociedad, en el sentido de que no hay tolerancia la corrupción. ¿Qué tan alto puede ser el costo político del presidente si defenestra al cuadrante nefasto de su administración: Víctor Díaz Rúa, Radhamés Segura, Félix Bautista y Héctor Rodríguez Pimentel?
¿O es que el mandatario, a quien le quedan tres largos años de Gobierno, apuesta al tiempo o al olvido? ¿No ha pensado en el pasivo que se crea a futuro si su Gobierno termina con la etiqueta de corrupto en el top of mind de la gente?